SANTO DOMINGO.– Una profunda ola de indignación y desencanto mantiene en estado de alerta a las bases del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes denuncian un presunto "abuso" por parte de la alta dirigencia del Gobierno al mantener en nómina a una gran cantidad de funcionarios y personal de la pasada gestión en la Central Termoeléctrica Punta Catalina, bajo la administración de Celso Marranzini.
De acuerdo con quejas directas de los militantes y filtraciones de conversaciones internas del partido, la indignación radica en la enorme disparidad salarial existente en la planta energética. Mientras la militancia que trabajó para alcanzar y mantener el poder se encuentra mayoritariamente excluida, figuras de la administración anterior y personas sin trayectoria político-partidaria perciben remuneraciones que superan por mucho los ingresos de un diputado de la República, quienes sí sostienen compromisos directos con el electorado que los elige.
Sueldos escandalosos y exclusión provincial
Las denuncias, sustentadas en reportes internos del personal, detallan la existencia de "sueldos de lujo" asignados a asesores y directivos que no realizan vida política ni guardan compromisos con las estructuras del partido. Entre los datos señalados destacan:
Asesores con asignaciones salariales que oscilan entre los RD$ 750,000 y RD$ 795,000 pesos mensuales.
Puestos directivos y de asesorías secundarias con sueldos de RD$ 400,000 pesos.
La dirección de Recursos Humanos con una asignación de RD$ 300,000 pesos al mes.
A esta desproporción económica se suma el reclamo por la falta de identidad territorial de la empleomanía. Miembros locales de la organización política afirman que en la planta de Punta Catalina "no hay ni 60 empleados que sean originarios de la provincia" donde opera la central, lo que evidencia un total desinterés por dinamizar la economía local y cumplir con los compromisos asumidos con los comunitarios y la dirigencia zonal.
Inacción del MAP y advertencia electoral
Los denunciantes manifestaron una fuerte crítica hacia el Ministerio de Administración Pública (MAP), institución a la que acusan de "hacerse el loco" y carecer de un control real y efectivo sobre las diferentes nóminas y estamentos del Estado dominicano, permitiendo la permanencia de nominillas privilegiadas heredadas del gobierno anterior.
La dirigencia media y de base advirtió que esta falta de plazas laborales para los perremeístas, sumada al blindaje financiero de técnicos ajenos a la organización, está provocando un "desencanto generalizado" que, de no corregirse a tiempo de forma drástica, se traducirá en un costo político directo en los próximos procesos internos y electorales. "Las bases van a pasar factura", sentenciaron.








